5 diciembre 2023

¿Qué es la normativa para cámaras de vigilancia en empresas?

Ya sea para asegurar la protección de tu hogar o la de tu negocio, los sistemas de seguridad con videovigilancia son la mejor opción. Sin embargo, antes de instalar uno de estos dispositivos, debes conocer la normativa para cámaras de vigilancia en empresas vigente en España. A continuación te contamos todo lo necesario sobre el uso legal de la videovigilancia.

Normativa para cámaras de vigilancia en empresas

La normativa para cámaras de vigilancia en empresas es redactada por la Agencia Española de Protección de Datos y busca establecer unas regulaciones para salvaguardar la privacidad de los ciudadanos.

Si estás pensando en instalar un sistema de seguridad con videovigilancia estas son las normativas que debes conocer:

  1. Reglamento General de Protección de Datos (RGPD): Instaura una serie de normativas sobre dónde y cuándo pueden grabar las cámaras de seguridad en una empresa.
  2. Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales: La ley LOPDGDD, 3/2018, del 5 de diciembre protege los datos confidenciales de proveedores, clientes y trabajadores. 
  3. Artículo 20.3 del estatuto de los trabajadores: Permite al empresario instalar videovigilancia siempre que vele por la dignidad y el derecho a la intimidad del trabajador.
  4. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada: A fin de garantizar la seguridad pública y privada de personas, entidades y bienes, regula los servicios de seguridad privada.

¿En qué zonas está permitido grabar?

Uno de los aspectos más importantes de la normativa para cámaras de vigilancia en empresas es determinar en qué zonas está permitido grabar y en qué zonas no.

En este sentido, la normativa para cámaras de videovigilancia en empresas prohíbe la grabación en zonas privadas (como el hogar o negocio particular de los trabajadores), los baños o vestuarios y en las zonas de descanso. 

¿Dónde sí está permitido instalar cámaras de videovigilancia? En cualquier zona considerada de trabajo (para lo que no se necesita el permiso directo de los trabajadores) o, incluso en la fachada del edificio en la vía pública, siempre que se pueda justificar la necesidad de proteger instalaciones concretas que estén en la calle. 

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